Inestabilidad que tiene el Consejo de Participación se explica por 3 factores

La institución fue anunciada como una especie de contrapeso frente a los otros poderes del Estado, pero con el tiempo la convirtió en un ‘botín político’. Foto: Archivo / EL COMERCIO

A seis meses de que termine el período del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), una nueva disputa se ha desencadenado. Y pese a que hay medidas cautelares a favor de los cuatro consejeros censurados, este jueves 24 de noviembre de 2022 la Asamblea prevé posesionar a sus reemplazos.

Sin embargo, esta es solo una más en la seguidilla de conflictos ocurridos en ese organismo en los últimos tres años y medio. De los vocales posesionados en junio del 2019, queda solamente Sofía Almeida, quien fue destituida de la Presidencia en febrero pasado. 

El miércoles 23 de noviembre, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Ricardo Bravo sesionaron sin los otros tres vocales. Aprobaron una resolución en la que se ratifica que Ulloa es el presidente y Rivadeneira, la vicepresidenta.   

Desde la elección del 2019, el conflicto no ha cesado en ese organismo. El actual Cpccs fue el primero en elegirse mediante votación. Eso fue posible con la Consulta Popular del 2018, impulsada por el expresidente Lenín Moreno. 

¿Por qué ha sido un período tan inestable? Hay al menos tres razones para explicar la razón para que el Cpccs sea el centro de la discordia en el panorama político del Ecuador. 

Falta de autonomía

La Constitución lo caracteriza como un organismo técnico y apolítico. Pero en la práctica, este se ha convertido en un territorio en disputa entre organizaciones políticas. No es coincidencia que el conflicto se haya desencadenado después de la ruptura al interior de Alianza País. 

Cuando Lenín Moreno marcó distancia del corresísmo, en la Asamblea también hubo una división del bloque entre morenistas y correístas. Uno de los mecanismos para desmontar lo armado por el anterior régimen fue precisamente la Consulta del 2018. 

De dicha consulta nació el Consejo de Participación Transitorio, que evaluó y nombró nuevas autoridades de control. Por ejemplo, ahí se originó el problema con el Contralor ya que esa entidad decidió nombrar a Pablo Celi sin concurso hasta el 2022. 

Después, el nuevo Cpccs se conformó con votación popular en medio de la disputa entre ambos bandos. Y desde el inicio hubo candidatos que fueron vinculados con partidos políticos.

No hay apoliticidad

La exvicepresidenta del Cpccs, Mónica Banegas, dice que el cambio de concurso de méritos a la elección en las urnas desnaturalizó al organismo. Plantea que es ingenuo pensar que, para que un consejero gane en las urnas, no requiere del auspicio de una organización y estructura política. 

Y tiene razón. En el 2019, previo a las elecciones, circularon pronunciamientos de líderes políticos que apoyaban a diferentes candidatos.  Hoy, por ejemplo, los exconsejeros y también censurados por el Parlamento, Victoria Desintonio y Walter Gómez, son asambleístas del correísmo. En redes sociales también circulan fotos y videos que muestran la simpatía de Ulloa por el partido Creo. 

Designación de autoridades

El Consejo de Participación tiene la facultad de designar a las principales autoridades de control. Eso lo convierte en la joya de la corona de la disputa política.  

El analista Daniel Crespo plantea que un Ejecutivo debilitado, sin mayoría en la Asamblea, se ve en la imposibilidad de instrumentalizar a su favor ese organismo. Por ejemplo, en el caso actual, cuando se identificó a los vocales cesados con el Gobierno, la Asamblea estructuró una mayoría para actuar. Después ocurrió la censura.

Crespo dice que el Cpccs, desde su creación en la Constitución del 2008, no ha logrado ser un organismo independiente. “Fue más instrumental y funcional al Ejecutivo cuando ese poder del Estado era fuerte (correísmo)”. Por el contrario, como en el escenario actual, cuando el Gobierno no ha podido controlar la Asamblea, el Cpccs se convierte en una arena de disputa.


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